Braulio Rojas Castro, doctor en Filosofía y miembro directivo de la ACHIF
Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático.
Con este breve proemio empieza el texto de una Nueva Constitución para Chile que este 4 de julio de 2022 la Convención Constitucional entregará al presidente Gabriel Boric. Esto es un acontecimiento político sin parangón en la historia de este país.
Pero, siendo justo con la historia social-popular, hubo un hecho similar que nos retrotrae al movimiento social-ciudadano del período 1822 a 1828, que tiene como fruto la promulgación de la Constitución de 1828, a partir de los diputados de provincia, que para evitar la influencia de la “fronda santiaguina” sesionan en Valparaíso, y promulgan la que es considerada como la primera constitución social-representativa libremente acordada por la ciudadanía chilena. Este movimiento fue derrotado junto al general Ramón Freire en la batalla de Lircay siendo los militares leales al pueblo masacrados a hachazos. Después, un siglo después, se generó la Asamblea de Asalariados e Intelectuales de marzo de 1925, conocida también como la Asamblea Constituyente de las clases productoras, la que redactó un proyecto de constitución que fue desechada por el poder político instituido de la época.
Han debido pasar poco más de 200 años de vida republicana para que los pueblos de Chile se hayan convocado en una Convención, que, en los hechos, fue una Asamblea Constituyente, y se haya ideado, discutido y escrito un texto constitucional que expresa las demanda, anhelos y deseos de todos y todas quienes habitamos este territorio. Este acontecimiento es expresión de la imaginación política y de la potencia instituyente del pueblo, el que, después de 30 años de hegemonía de la ideología despótica neoliberal, y los 17 años de la Dictadura cívico-militar instaurada desde el Golpe de Estado de 1973, dijo basta, y desarticuló el pacto transicional en la Revuelta Social de Octubre de 2019.
Como no es de extrañar, todas las fuerzas conservadoras y reaccionarias que hay en el tejido social han hecho lo posible por aportillar este proceso, que funcionó en un tiempo muy acotado: desde el 20 de junio de 2021, momento en el que se instala oficialmente la Convención Constituyente con sus 155 convencionales electos con paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios, hasta el 4 de julio de este año, en el que se le hace entrega del texto y se disuelve el órgano constituyente. Boicoteo institucional de parte del gobierno de Piñera al momento de la instalación lo que se tradujo en bajo presupuesto y tardanza en la liberación de los recursos. La prensa dominada por los grandes grupos económicos ha difundido fake news en una sistemática campaña mediática de desprestigio a la Convención. A esto hay que sumar a aquellos intelectuales de diferentes lugares políticos, que se han hecho parte de los ataques al trabajo de la convención. Algunas y algunos, desde posiciones auto-declaradas de izquierda impugnan la violencia de origen desde posiciones elitistas y absolutamente individualistas, o, al contrario, por la cooptación institucional del mismo; desde posiciones de centro, se llama a Aprobar para reformar; desde las derechas, se difunden declaraciones sediciosas llamando a rechazar, pretendiendo seguir con la constitución de la Dictadura.
Sin embargo, nosotras y nosotros, que somos parte de los pueblos de Chile, teniendo claridad de que esto no es la solución automática a los profundos problemas de desigualdad, falta de equidad, mercantilización de la vida, racismo de Estado, falta de derechos sociales, déficit democrático en el sistema político, para mencionar algunos aspectos generales de la situación del país hoy en día, creemos que estamos en un punto de inflexión que puede cambiar el destino del país.
Deseamos que la potencia instituyente del pueblo se exprese de forma soberana y libre en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, y se Apruebe el texto de esta Nueva Constitución para los pueblos de Chile, y nos transformemos en un Estado Social de Derechos que asegura una buena vida para todas y todos.
